La creación de un espacio judicial europeo en materia penal constituye uno de los aspectos más relevantes del proceso de integración europea. No se trata de un simple objetivo a alcanzar sino, en muy buena medida, de una realidad que se ha traducido ya en numerosas normas jurídicas e importantes proyectos normativos que pueden hacerse próximamente realidad: normas armonizadoras sobre garantías procesales, reconocimiento mutuo de pruebas y, por no alegar esta enumeración, gran cantidad de disposiciones relativas al proceso penal en el proyecto de Tratado Constitucional para Europa. El centro sobre el que las instituciones europeas pretenden hacer pivotar el referido espacio judicial común es el principio de mutuo reconocimiento, es decir, la aceptación en cualquier país europeo de las diligencias judiciales llevadas a cabo en otro con tal de que resulten válidas según la legislación procesal donde se llevan a cabo. Tal reconocimiento comporta muy delicados problemas en diferentes ámbitos del proceso penal. En concreto la obra se centra en el análisis de los probelmas relativos al mutuo reconocimiento en materia de prueba, extradición o entrega de personas, ejecución de sentenias, cosa juzgada, litispendencia y medidas de aseguramiento de cosas y personas.