Estudios de derecho procesal nº 1

Recientemente se han cumplido cinco años desde la entrada en vigor tanto de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, como también de su complementaria, la Ley Orgánica 8/2002, igualmente de 24 de octubre, que instauraron lo que ya por todos se conoce como juicios rápidos en el orden judicial penal de nuestro país.
Una reforma de nuestro enjuiciamiento criminal cuyas pretensiones se centran en dotar de mayor eficacia al proceso penal, en orden a la investigación y enjuiciamiento de delitos con una comisión frecuente y elevada, intentando superar el colapso y la excesiva duración de los procesos penales y, en definitiva, encuadrada en la política legislativa de dotar a nuestra sociedad de instrumentos de enjuiciamiento respetuosos con la proclamación constitucional del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, recogida en el apartado 2.º del art. 24 de nuestra Constitución española.
Pero debe tenerse en cuenta que no sólo se tiene que atender a la respuesta judicial más o menos inmediata, como signo de la eficacia del proceso penal, sino también al respeto en el seno del mismo del resto de garantías procesales que también reconoce la norma constitucional.
Como indicábamos antes, el que hayan transcurrido ya cinco años desde la entrada en vigor de los juicios rápidos puede entenderse como un tiempo adecuado para que se observen los resultados de dicha reforma y, en definitiva, se aprecie el funcionamiento práctico de este proceso penal que la mayoría de nuestra doctrina procesalista califica como proceso penal especial.
Y es éste uno de los grandes valores de esta obra monográfica sobre los juicios rápidos —entre otras muchas virtudes de la misma— que a petición de su autora, la Dra. Lourdes Melero Bosch, tengo el honor de prologar.
En esta obra, bajo el título de «La defensa del imputado en los juicios penales rápidos», su autora destaca las principales características de este modelo de enjuiciamiento penal, teniendo siempre presente la tensión que genera el binomio garantías procesales (que se enmarcan bajo el derecho de defensa), y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que, como antes se dijo, parece centrar el discurso del legislador en relación con la eficacia de nuestro proceso penal.
Y lo hace, además, prestando especial atención a la fase de investigación de los juicios rápidos, que es donde se producen los grandes cambios en la instrucción de este proceso penal especial. Unos cambios en los que, en aras de obtener una mayor celeridad en la investigación y enjuiciamiento de determinados delitos y faltas, comprometen seriamente el respeto de determinadas garantías del imputado, como así se destaca en las páginas dedicadas al estudio del ejercicio de la defensa y asistencia letradas durante la instrucción; la determinación del imputado por la policía judicial o algunas cuestiones relacionadas con la obtención de fuentes de prueba, o la práctica anticipada de la misma, como lo es la criticable naturaleza documental que se ha otorgado a los informes emitidos por laboratorios oficiales en relación con sustancias estupefacientes.
Además, la autora ha tenido en cuenta las incidencias que se han producido en este modelo de proceso penal con ocasión de la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género, con la que se crean, a través de la correspondiente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los llamados Juzgados de Violencia sobre la Mujer que también tienen atribuidas competencias para la incoación de diligencias urgentes en el marco de los juicios rápidos.
Con este estudio monográfico de la Dra. Melero Bosch, el lector no tiene en sus manos un mero estudio teórico del tema propuesto, pues la autora desciende a la aplicación práctica y a los efectos que, en su aplicación diaria, se vienen produciendo en este modelo de enjuiciamiento criminal.
Además, la autora toma partido, en muchos casos, de manera valiente, en la defensa de sus postulados, lo que hace que esta obra no sólo tenga valor teórico, sino un valor eminentemente práctico para todos los operadores jurídicos que de una u otra manera están vinculados en el ejercicio de sus profesiones al proceso penal, contribuyendo en esta mayor medida al enriquecimiento de la biblioteca procesal penal de nuestra disciplina, lo que ya, de por sí, la hace acreedora de un valor incuestionable.
Creo que en este punto debe terminar la labor del prologuista de una obra como ésta, ya que debe quedar reservado al lector de la misma el descubrir todo lo que la misma aporta, pero no quiero finalizar sin dejar de hacer alguna reflexión personal en relación con la autora de la misma, la Dra. Lourdes Melero Bosch.
Una reflexión que, no podía ser de otra manera, se encuadra en el estado actual de la Universidad, en general, y de los estudios de derecho en particular, ante la incertidumbre que sobre los mismos planea, ahora y en los próximos años en relación con el llamado Espacio Europeo de Educación Superior, y concretamente dentro del denominado proceso de Bologna, más conocido como proceso de convergencia europea.
Pero frente a esta incertidumbre, pocas cosas nos animan más que la de encontrar personas con vocación universitaria, cuestión harto difícil en estos días. Éste es el caso de la Dra. Melero Bosch, cuya formación jurídica sólida, unida a su juventud, nos permiten afirmar que después de este magnífico libro, nos seguirá obsequiando con nuevas aportaciones jurídicas serias, brillantes y comprometidas, allá donde esté y asuma responsabilidades docentes e investigadoras.
Por todo ello, felicitamos sinceramente a la autora de esta monografía, y le agradecemos el honor que nos hace al pedirnos redactar este prólogo.