Bajo el título La autonomía del Ministerio Fiscal en el proceso penal y la reforma de su Estatuto Orgánico, con el presente estudio se ha tratado, en primer lugar, de analizar y, esencialmente, concluir, si el Ministerio Fiscal, actualmente, desde el punto de vista de su estructura organizativa o de sus principios orgánicos, constitucionalmente consagrados y desarrollados en su Estatuto de 1981, está en condiciones de asumir, con plenas garantías de objetividad e imparcialidad, las funciones que en nuestro ordenamiento jurídico le corresponde cumplir tanto desde el punto de vista de los cometidos que a día de hoy le están atribuidos como desde el punto de vista de las funciones que en un futuro, más o menos inmediato, le puedan ser otorgadas.

Ese interrogante cobra especial trascendencia a la vista de la última reforma operada en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por la Ley de 9 de octubre de 2007, puesto que la misma ha sido presentada ante la opinión publica con el propósito de avanzar en la autonomía y reforzar la apariencia de imparcialidad de la Institución frente a la sociedad, a fin de establecer uno de los presupuestos que desde siempre y reiteradamente han sido exigidos por la doctrina patria para la reforma de nuestro enjuiciamiento criminal.

En segundo lugar, también ha sido objeto de este trabajo, en cuanto se concluye en la inadecuación del diseño organizativo del Fiscal con sus funciones, analizar, esencialmente, de Constitutione constante, esto es, admitiendo el modelo impuesto por la Constitución vigente y desarrollado por el EOMF de 1981, los filtros y mecanismos que pueden ser utilizados como contrapesos eficaces para mitigar la actual dependencia gubernamental de la Institución y las garantías que pueden establecerse para la consecución de un Fiscal más autónomo en el ejercicio diario de sus funciones, tanto actuales, como, especialmente, desde el punto de vista de las que le puedan ser otorgadas de lege ferenda.

La oportunidad del tratamiento conjunto de esos dos temas (competenciales o funcionales y estructurales u organizativos), se justifica básicamente tanto en su íntima vinculación como en su permanente actualidad: así, en cuanto a los aspectos estructurales u orgánicos, ha sido aprobada muy recientemente, por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, la más extensa e importante reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal desde que fuera promulgado hace ya más de 25 años, y la misma ha sido realizada con la intención declarada de profundizar en la autonomía de la Institución y con una finalidad instrumental muy concreta. Y en cuanto a los aspectos funcionales, el debate sobre la conveniencia de atribuir a la Institución un mayor protagonismo en la investigación de los hechos penales cobra hoy una particular relevancia y actualidad desde el momento en que existe una voluntad política declarada de acometer en el sentido expuesto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.