La Constitución española, en su artículo 51, impone a los poderes públicos el garantizar la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios, a través de procedimientos eficaces, incluyendo los jurisdiccionales. Con este propósito, y el de adecuación a las directivas comunitarias en la materia, se han introducido en los últimos años importantes especialidades en nuestro proceso civil que potencian a legitimación de las asociaciones de consumidores y afrontan la viabilidad de las llamadas acciones colectivas, tanto de orden preventivo (cesación de cláusulas abusivas, etc.) como de reparación de daños.
En este libro con amplia cita de legislación, doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo y resoluciones de instancia, se estudian dichas especialidades, tanto las que conciernen a las controversias de consumo, como las de control de cláusulas contractuales de condición general (participen, o no, consumidores en su suscripción), en cuanto ambas por mandato de ley reciben, con algunas excepciones, el mismo tratamiento procesal