En la actualidad, la propiedad horizontal goza de una importancia evidente en las relaciones entre los ciudadanos. Mientras mayor es el número de inmuebles sometidos a dicho régimen legal, mayor es su trascendencia social. Basta con contemplar la realidad de nuestras ciudades para obtener las correspondientes conclusiones. Este fenómeno de creciente auge, y consiguiente repercusión política, requiere la debida atención por parte de los poderes públicos.
Cuando en la convivencia diaria en el seno de la comunidad de propietarios surge el conflicto, sus miembros, que están sometidos a una regulación de la que muchas veces no están debidamente informados, buscan por cualquier medio la solución más acorde con sus intereses. Si ésta no se logra a través de la vía extrajudicial, el acceso a los tribunales se presenta como la última posibilidad, pacífica y civilizada, en el marco de un Estado de Derecho.
Por ello, el ordenamiento jurídico también regula los aspectos procesales de los posibles asuntos que son sometidos a resolución judicial. En el caso español, se ha optado por la inclusión de preceptos de carácter adjetivo en el seno de la Ley de Propiedad Horizontal, con frecuentes remisiones al principal cuerpo rituario civil. Es una consecuencia de la especialización jurídica que exige una materia tan delicada como la comentada.