Aranzadi derecho procesal nº 334

En la monografía que ahora se presenta, el autor ha querido, desde una perspectiva eminentemente práctica y apoyándose siempre en la jurisprudencia que sobre el arbitraje se ha dictado, examinar la posición insti­tucional del árbitro como algo realmente querido y aceptado sin reservas por las partes en conflicto, incluso promovido por ellas, pues no puede olvidarse que el árbitro no es una rnanifestación de una realidad institucionalizada por autoridad alguna, sino todo lo contrario: su posición sólo viene dada por la voluntad de las partes en conflicto y por el reconocimiento social, científico o ético que ellas le reconocen. En este sentido el legisla­dor al diseñar quién puede ser árbitro, sólo puede establecer un estándar de mínimos necesarios, recogiendo las plenas garantías que a esta vía alternativa y sustitutiva de los jueces y tribunales le corresponden, pero más allá de esto son las partes quienes al aceptar al árbitro de su contien­da lo hacen por razones de honorabilidad e idoneidad que siempre deben estar ancladas en el principio de buena fe en una relación muy estrecha entre árbitro y parte, lo cual nada empece, para asegurar por vía legislati­va y/o convencional la necesaria independencia del árbitro y sobre todo su responsabilidad ante las partes en conflicto. Sólo un árbitro independiente y responsable puede dictar un laudo franco de compromisos adquiridos y libre de prejuicios mediatizados por los intereses de las partes.
La obra tiene un enfoque eminentemente práctico basado en la expe­riencia del autor sobre la materia, suscitándose cuestiones nuevas, algunas no previstas o insuficientemente previstas por el legislador pero siem­pre presentes en la realidad cotidiana del arbitraje. Esta es la razón por la que esta monografía puede servir de guía o apoyo a todos aquellos que se dedican al mundo del arbitraje, bien como dirimentes o desde la pers­pectiva de las entidades arbitrales, o bien porque les pueda afectar como abogados o asesores o como letrados en representación de parte en una concreta controversia o de los técnicos en general, y por supuesto, a los propios operadores del comercio y del tráfico mercantil, que son finalmente los actores reales de la actividad económica y por tanto de la conflictividad que se origina a partir de la misma. Si esta finalidad se ha cumplido o no lo dejo al siempre inapelable juicio del lector.