La actividad de policía judicial se ha desgajado de las funciones generales de policía y posee hoy autonomía propia, presentando unos perfiles diferenciales que la distinguen netamente de las restantes funciones policiales, tanto desde una perspectiva dogmática, como legislativa y más aún desde el punto de vista de la realidad práctica.

El legislador ordinario ha regulado la policía judicial en normas tanto administrativas, esencialmente en lo relativo a su organización, como procesales para ordenar su funcionamiento. El resultado es un entramado de normas dispersas y de distinto rango, que van desde leyes orgánicas como la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial hasta normas de rango reglamentario, como el Real Decreto 769/1987, de 19 junio, de Regulación de la Policía Judicial. No obstante, en ocasiones por criterios de oportunidad legislativa se regula la actuación de la policía judicial en normas administrativas, como la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que contiene conjuntamente normas de actuación de la policía gubernativa y de la policía judicial. Por otro lado existen normas extra-procesales que también atribuyen las funciones de policía judicial a ciertos funcionarios encargados de la seguridad de determinados bienes o valores, de lo que constituye un ejemplo, y no el único, la disposición contenida en el artículo 6, g) de la Ley 43/2003, de Montes, que atribuye a los agentes forestales la condición de policía judicial.

La indicada dispersión normativa ha puesto de manifiesto la necesidad de reunir todas ellas en un solo texto, de modo que su manejo permita un acceso sencillo y completo de la legislación sobre la policía judicial tanto a los profesionales policiales como a otros funcionarios y profesionales relacionados con la materia e incluso a los estudiosos. Y éste ha sido el esfuerzo y el propósito de los autores de este Código de Policía Judicial, que ha agrupado de manera ordenada y lógica las normas reguladoras de la materia, a las que se ha añadido la Instrucción 1/2008 sobre la dirección por el Ministerio Fiscal de las actuaciones de la Policía Judicial y la Instrucción 2/2008, sobre las funciones del Fiscal en la fase de instrucción, las que constituyen la doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre tal materia, pudiendo ser esclarecedoras en la manera de interpretar toda la normativa recogida en esta obra.