Una de las disciplinas jurídicas que más repercusiones ha experimentado tras la promulgación de la Constitución Española de 1978 ha sido, sin duda, el Derecho Procesal, hasta el extremo de que los tradicionales conceptos fundamentales sobre los que se asienta dicha rama del saber jurídico han logrado impostarse en el texto constitucional.
En efecto, el clásico concepto de "Jurisdicción" se ha convertido en el Estado de Derecho Español en un Poder del Estado, el "Poder Judicial". La "acción" ha pasado a trasformarse en un derecho fundamental, el "derecho a la tutela judicial efectiva", en el que se subsumen otros muchos derechos fundamentales (derecho a una resolución motivada y congruente, derecho a los recursos, a la ejecución…). Y el "proceso", por su parte, de mera concatenación de actos jurídicos ha pasado a erigirse en una institución dominada por las garantías y plagada de derechos fundamentales de las partes (desde el derecho a la defensa y a la asistencia letrada, al derecho a la presunción de inocencia, pasando por el derecho a la utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas…).
La presente obra da cuenta de la constitucionalización de dichos conceptos fundamentales del Derecho Procesal, tal y como los mismos han sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional