Las cárceles se han utilizado para proteger a la comunidad, disuadir a los posibles infractores, exigir retribución y rehabilitar a los delincuentes. Sin embargo las condiciones de vida en muchas prisiones y los malos tratos que se producen no ofrecen la oportunidad para equilibrar esas funciones. Gran parte de los reclusos esperan juicio y las cárceles están llenas de pequeños delincuente, enfermos mentales, minorías objeto de discriminación y pobres. Además de tratarse de una importante cuestión de justicia, la reforma de las cárceles es un componente clave del marco de seguridad. Las prisiones no pueden controlar su entrada: reciben los resultados de las decisiones que se toman en otros ámbitos del sistema de que imparte justicia y seguridad. La cantidad y categoría de quienes están en prisión es el resultado de la interacción de la cultura, historia, política y situación socioeconómica, de la ley penal y de las decisiones de funcionarios de policía, fiscales y jueces.
El objeto del presente trabajo es hacer un acercamiento a esta realidad abordando el tema de los sistemas penitenciarios y de las penas alternativas desde una óptica criminológica y de seguridad ciudadana que promueva su integración en las políticas nacionales de desarrollo y defensa de los derechos humanos. La articulación entre políticas sociales y de seguridad deben permitir un eficaz abordaje de la exclusión social, la violencia, la delincuencia y el desarrollo con equidad de las comunidades.