La liberalización de sectores como las telecomunicaciones, los transportes, la televisión o los servicios postales está poniendo fin a los derechos exclusivos y a la gestión directa de estos, servicios por la Administración. No obstante, el innegable interés general que presentan estos sectores exige definir nuevos instrumentos de intervención pública.
Las autoridades comunitarias están configurando un nuevo régimen jurídico de intervención en la actividad económica, construido sobre la imposición a los operadores activos en el mercado de las denominadas obligaciones de servicio público. Estas obligaciones no sólo dotan de un contenido preciso al tradicionalmente vago interés público, sino que además exigen una cuantificación de los costes generados por la intervención, a fin de ser compensados a los operadores sobre los que pesan las obligaciones. Los diferentes especialistas que participan en esta obra analizan el incipiente régimen jurídico que la jurisprudencia y la normativa comunitaria, incorporada a la normativa nacional, están desarrollando, régimen llamado a constituir el nuevo servicio público.