La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, parte de la consideración de que la atención a las personas en situación de dependencia constituye uno de los retos de la política social de los países desarrollados. Directamente conectado con lo anterior se encuentra la necesidad de promover la declaración judicial de incapacidad en aquellos supuestos en que ello es preciso para poner en marcha los mecanismos de tutela y cúratela como un medio adecuado de garantizar la gestión personal y patrimonial de las personas en situaciones de dependencia. Ello constituye el objeto de estudio del presente trabajo, considerando el fenómeno de la dependencia e incapacidad personal desde un prisma netamente procesal, a efectos de que se garanticen adecuadamente los derechos fundamentales de todas las personas, incluso en situación de especial dificultad para gobernar su persona y bienes.
El proceso sobre capacidad de las personas se somete a análisis como un mecanismo idóneo en el Estado actual para promover la declaración de incapacitación o prodigalidad, o procurar la modificación de una declaración judicial anterior, estableciendo netamente los límites dentro de los cuales puede moverse la persona sometida a tal declaración.