Los litigios para la reclamación de los derechos, gastos y suplidos por el procurador y de los llamados «honorarios» por el abogado son una realidad cada vez más habitual. No en vano se ha disciplinado tradicionalmente en la ley procesal una vía con pretendidas ventajas específicas para el acreedor.

En la actualidad, los artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regulan este procedimiento de aplicación en todos los órdenes jurisdiccionales. Con independencia de la necesidad o no de integración de la postulación, y sin perjuicio de la eventual condena en costas que haya favorecido al «poderdante» o defendido, lo bien cierto es que habiéndose generado el crédito a favor del profesional fruto de su intervención en el contexto de un proceso, el procurador y abogado podrán instar el procedimiento para la reclamación del crédito cuando se haya producido el impago.

Este procedimiento, previsto específicamente en la Ley de Enjuiciamiento para la reclamación de los honorarios profesionales adeudados a los abogados y los derechos, gastos y suplidos debidos a los procuradores, ha sido profundamente reformado mediante la Ley 13/2009 (BOE 4 de noviembre). Pero no lo ha sido tanto en aspectos procedimentales como, sobre todo, porque atribuye su conocimiento al Secretario judicial. Atribución que se mantiene incluso para conocer de la impugnación por indebidos y, en su caso, por excesivos, resolviéndose mediante decreto irrecurrible dictado por el mismo Secretario judicial. No obstante esta importante salvedad, que permite reflexionar sobre el art. 117.3 CE, se mantiene subsistente el resto de regulación y los consiguientes problemas interpretativos y de aplicación.

La obra ha sido concebida con un pretendido sentido práctico, de lo que es muestra el constante recurso a la exposición de la doctrina jurisprudencial, así como la inclusión de los formularios básicos en la materia. Y está destinada a todo aquel que pretenda conocer este procedimiento, especialmente abogados, procuradores y Secretarios judiciales.