El inmigrante irregular es en España un ignorado y, por ende, un desconocido y maltratado ciudadano, legal, política y socialmente. El trato personal, a lo largo de todo un año, con inmigrantes ilegales en Murcia, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Madrid, ha desembocado en una serie de consideraciones en torno a la responsabilidad social y política que nuestras sociedades afluentes, entre ellas la española, deben asumir para que el fenómeno de la inmigración irregular internacional no se constituya en uno de los fenómenos sociopolíticos sólo comparable a otros movimientos históricos como las invasiones coloniales, el esclavismo, la explotación del capitalismo salvaje o las opresiones de los regímines dictatoriales.

La inmigración ilegal implica un proceso de degradación por el que un proyecto vital y un sueño de vida se transforman en una muerte civil que condena al inmigrante al despojo de todos sus derechos humanos y civiles. La simple mención de la inmigración irregular en España trae violentamente a la memoria episodios inasimilables en una sociedad democrática en los que, cada vez con más insistencia asumen protagonismo tenebroso las redes internacionales mafiosas.