Los recientes acontecimientos reformistas en el ámbito procesal europeo han puesto en tela de juicio los actuales métodos de investigación y de persecución penal del delito, evidenciando la necesidad de dotar de mayores niveles de eficacia y eficiencia al proceso penal del siglo XXI. Como resultado de ello, los modelos procesales, hasta el momento actual admitidos sin fisuras, han sido sometidos a una profunda revisión por parte de la doctrina procesalista europea, a la hora de diseñar la estructura de un nuevo proceso que logre dar satisfacción a la vieja aspiración de encontrar el perfecto equilibrio entre el control de la criminalidad y la protección de los derechos fundamentales del justiciable.

Esta obra se adentra en el núcleo de la fase de investigación y analiza las funciones de los órganos del Estado encargados de la misma desde el prisma de un sistema denominado acusatorio o adversarial como el inglés, en donde el Legislador ha encargado, desde fechas muy recientes, la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. El estudio de la utilidad de los modelos procesales con el fin de analizar las características de un determinado proceso penal, y la comparación que la autora realiza de sus elementos esenciales con la práctica forense, así como el análisis del significado y alcance del principio de oportunidad y del de discrecionalidad de la función acusatoria pública, es esencial a la hora de entender y pretender las modificaciones que el proceso penal español necesita llevar a cabo, sin duda, de forma urgente.