La polémica surgida recientemente en torno a las garantías del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), de la que se han hecho eco todos los medios de comunicación, patentiza la importancia y actualidad del tema, del que el autor, Fiscal de profesión, nos ofrece su personal elaboración, fruto de una prolongada labor de investigación, unida a su experiencia práctica.
De forma sistemática expone la variada y compleja problemática jurídica que presenta la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica, partiendo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. El concepto constitucional de correspondencia, los paquetes postales y la detección de su contenido, los requisitos de la resolución habilitante; los casos especiales de paquetes con etiqueta verde, de contenido identificado, etc.; el registro de equipajes y ordenadores; la intervención del correo electrónico y la entrega vigilada de drogas y objetos prohibidos.
Especial importancia tiene en estos momentos la intervención telefónica, por la incidencia de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones; y el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril; así como de las SSTEDH de 30 de julio de 1998 (caso Valenzuela Contreras) y 18 de febrero de 2003 (caso Prado Bugallo)) y del Auto de inadmisión de 25 de septiembre de 2006, dictado en el caso Abdulkadir Coban contra España. Con ese trasfondo estudia los requisitos de la resolución judicial habilitante: motivación, indicios, las Diligencias Indeterminadas, los principios de proporcionalidad, subsidiariedad, necesidad y especialidad; y los problemas procesales respecto a la audición, autenticidad, selección y trascripción de las cintas, conversaciones en lengua extranjera, reproducción en el juicio oral, identificación de la voz, etc.
Analiza también los problemas que presentan la grabación de conversaciones propias, colocación de aparatos de escucha y grabación en lugar cerrado, intervención de comunicaciones en el ámbito penitenciario; así como la extensión del objeto del derecho al secreto de las comunicaciones: obtención de listado telefónico, examen de la memoria del teléfono móvil, obtención del código de identificación del teléfono móvil, rastreo policial para obtención de la clave IP del ordenador, etc.
Como recapitulación trata de los efectos de la prueba ilícita en relación con todos esos temas; prestando finalmente especial atención a la jurisprudencia del TEDH en torno al artículo 8 del Convenio Europeo, presentando más de una centena de sentencias, quizá todas las dictadas por el Tribunal, cuya lectura es imprescindible para comprender el interés supranacional que durante muchos años ha tenido la materia.
Nos encontramos, en suma, ante un completo y muy cuidado análisis técnico jurídico, de gran utilidad en el ámbito judicial para los profesionales de todo orden avocados a la aplicación de los preceptos estudiados.