La satisfacción de ciertos derechos sociales, desde el derecho a una vivienda o a condiciones de trabajo dignas al derecho a una educación, a una atención sanitaria o a un ambiente adecuados, constituye una condición material básica para llevar adelante una vida digna, para desarrollar libremente la personalidad y para participar en los asuntos públicos. A pesar de su importancia para la autonomía personal y para el autogobierno colectivo, los derechos sociales continúan apareciendo en la mayoría de ordenamientos jurídicos contemporáneos como derechos débiles e insuficientemente garantizados.