Simplificación administrativa y autorregulación son, en cierto modo, dos caras de una misma moneda. En los procesos de simplificación administrativa subyace una auténtica voluntad reguladora que, camuflada en un aparente desintervención, apuesta por la consecución de los intereses públicos a través de las posibilidades que brinda la colaboración con los sujetos privados.
En el ámbito ambiental, la técnica de la comunicación previa prevista en la Ley catalana 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de la Administración ambiental es muestra de ello. Concebido inicialmente como un régimen jurídico sustitutorio de la licencia -en el contexto de las actividades clasificadas de baja incidencia ambiental- se descubre como un verdadero exponente de simplificación y autorregulación, con un potencial digno de detenimiento y estudio.