Desde 2003, nuestro legislador nos viene obsequiando con una profusa normativa con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de diversas medidas jurídicas que les brinden autonomía y bienestar. La ratificación, por parte de España, de la Convención ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, hito legislativo (y, añadiríamos, sociocultural) de enorme repercusión al introducir una nueva manera de pensar y afrontar la discapacidad, confirma su sólido compromiso por promover la plena integración de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la sociedad, garantizando sus derechos y, por encima de todo, su dignidad.

El presente trabajo aborda el estudio de la protección jurídico-privada de la discapacidad, realizándose una mirada atrás y, especialmente, hacia adelante.