La protección del menor y, en particular, la referida a los menores en situación de riesgo o conflicto social, ha sido objeto de especial preocupación por los organismos internacionales que se ha plasmado en la promulgación de diversas normas que regulan dicha problemática. Durante El pasado siglo distintos fueron los documentos que reconocieron la autonomía personal, social y jurídica del menor…

Si bien es cierto que la protección al menor de edad en situación de abandono ha sido objeto de atención por parte del legislador español desde la publicación del Código Civil, no es sino con la legislación especial dictada en estos últimos lustros cuando el menor alcanza la protección de forma activa e integral…

En este sentido, la Constitución de 1978, en el capítulo III del Título I –al regular los principios rectores de la política social y económica- recogió la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección socia, económica y jurídica de la familia y, dentro de ésta, de modo muy singular, la de los menores -art. 39-.El cumplimiento del mandato constitucional puede considerarse el primordial causante de esa legislación precisa para superar las situaciones de desprotección de los menores de edad.
Respecto a la legislación estatal, cabe señalar que fue, de forma indudable, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción la que ocasionó la definitiva renovación del régimen protector del menor de edad imperante hasta ese momento.