La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-so-Administrativa, deroga el recurso contencioso-administrativo que la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona articuló provisionalmente como vía judicial previa al recurso de amparo, tal como ordenaba el art. 53. 2 de la Constitu-ción. Este procedimiento especial de importancia trascendental, caracteriza-do por las notas de preferencia y sumariedad, conserva en la actualidad algunos aspectos procesales de aquella primera regulación e inaugura otros tantos, sometiendo aspectos como las medidas cautelares, costas o régimen de recursos a lo dispuesto con carácter general para el recurso contencioso-administrativo.
Para el estudio de este proceso, nos hemos servido, en particular, de un estudio comparativo de la legislación actual con la derogada Ley 62/1978, ofreciendo pautas y orientaciones útiles para el ejercicio profesional, for-mularios y jurisprudencia relacionada con