La Administraciones Públicas disponen de grandes medios informáticos y telemáticos pero más bien se dirigen a acumular información que a facilitar esa comunicación.
Como primera necesidad se expresa una vez más la obligación que tiene la Administración de resolver de forma expresa y en plazo las peticiones que los ciudadanos le formulen. Su incumplimiento, por deseo o por olvido, destruye esa relación; lo lleva a la desconfianza y a la confusión.
Son muchas e importantes las reformas estructurales realizadas por aquellos Entes para facilitar la presentación de documentos y para comunicar sus registros; sin embargo, faltan los medios de canalización de la información recíproca —orientada al ciudadano— y los instrumentos de responsabilidad por no prestarse la cooperación necesaria y la asistencia recíproca.

Es necesario justificar aún, a principios del siglo XXI, la mayor presencia de instrumentos de comunicación ya constatados en el tráfico jurídico privado por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Entre ellos, el uso de la firma electrónica y el reconocimiento de las entidades prestadoras de servicios de certificación, sin menoscabo de la autenticidad del documento y de la recepción por el interesado