En momentos de grave crisis económica como los que estamos atravesando y que tienen el reflejo inmediato en todos los ciudadanos en general y en los trabajadores y en las empresas en particular, las distintas instituciones públicas tenemos la obligación de poner en valor todas las fórmulas existentes que puedan contribuir a la mejora de la situación.

La Economía Social se ha consolidado como una de estas fórmulas necesarias capaz de ofrecer una de las vías de solución a situaciones concretas de dificultad. No en vano, la última Conferencia Europea sobre la materia concluyó que: “la Economía Social demuestra día a día cómo la racionalidad económica y el progreso social son compatibles.” Es por ello por lo que es un acierto, y así lo hemos manifestado todas las Administraciones, la previsión del Proyecto de Ley de Economía Social de reconocer “como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de economía social y de sus organizaciones representativas.”

Por otro lado, el crecimiento sostenible de la Economía también se revela como otro campo digno de atención y desarrollo para explorar toda su potencialidad de contribución a las mejoras necesarias.