Considero tarea difícil y comprometida comentar con objetividad el trabajo realizado por José Ángel Blanco Barea en una materia tan necesaria e importante como lo es la vivienda y, en este caso, la vivienda construida con la ayuda del Estado y de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento del mandato constitucional consagrado en el artículo 47 de la Constitución de 1978.
La dificultad en el análisis objetivo de la presente obra, radica, naturalmente, en el afecto personal que le tenemos (aquí incluyo a mi mujer e hijos) a la «familia Barea», como cariñosamente la llamamos, y a la admiración y respeto profesional que le dispenso a José Ángel Blanco, después de haber trabajado con él durante varios años en la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
Durante ese período de tiempo, creo con toda sinceridad, que nuestra actuación administrativa en VPO, con él como jefe de dicha sección, y su gran equipo de colaboradores, alcanzó una de sus cotas más altas, como suele ocurrir cuando a la Administración se incorpora un funcionario joven, en este caso, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía, con muchas ganas de trabajar y con la cabeza bien amueblada.
Fruto de todo ello ha sido el trabajo desarrollado por José Ángel Blanco en este libro que tiene la virtud de la concreción y de la claridad. Son demasiados los tratados sobre materias tan arduas como el Derecho Administrativo y más aún sobre vivienda, que se pierden en estériles disquisiciones sobre títulos jurídicos o vinculaciones legales que en nada ayudan al que se acerca a un ejemplar con la intención de encontrar una respuesta puntual que ayude a comprender el entramado administrativo de las viviendas protegidas (aún me cuesta no usar el acertado término VPO —que he usado hasta mi jubilación— claro, directo, sin «globalizaciones» tan de moda, que tanto confunden). La intención del autor, declaramos desde un principio, no es dogmatizar o encontrar la raíz jurídica de las complejas relaciones interadministrativas que coexisten en el desarrollo y gestión de los distintos planes de vivienda sino, fiel a su conocido pragmatismo, que sirva de guía para promotores, adquirentes, el propio personal de las administraciones o estudiosos, que se utilice como libro de consulta, pues sin duda alguna este libro ofrece respuestas a cuestiones que se plantean en la práctica (de la lectura se deduce que no ha olvidado los problemas que con más frecuencia se producen desde el inicio al fin del larguísimo procedimiento administrativo (puede durar 15 años desde la solicitud de una calificación provisional hasta la concesión de la última prórroga de subsidiación de la cuota del préstamo).

Una forma de definir el texto que el lector tiene en sus manos, es que se trata de un compendio de: 1.º) lo que dice la norma, fundamentalmente —este es el principal objetivo— de forma resumida, extraída y muchas veces ampliada (con las diferencias o peculiaridades de la normativa autonómica, normalmente a pié de página), 2.º) lo que opina parte de la doctrina tradicional y la más actual, 3.º) la doctrina del Tribunal Supremo y 4.º) la propia experiencia de quien ha solucionado innumerables problemas del asunto que trata en cada página.
El planteamiento estructural no es necesariamente cronológico, si bien está concebido de la forma más razonable posible, a mi juicio, (he consultado muchos tratados sobre la vivienda, y aquellos que se han apartado de este lógico diseño, han confundido al lector o han perdido un elemental hilo conductor).