Tras la supresión del régimen para la revisión de oficio de los actos anulables efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la única opción que le queda a la Administración para eliminar sus propios actos anulables y favorables es declararlos lesivos para el interés público de acuerdo con el procedimiento diseñado en el art. 103 de la Ley e impugnarlos posteriormente en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Dentro de esta obra analizaremos las trascendentales modificaciones introducidas por la Ley 4/1999 para la declaración administrativa de lesividad, así como las especialidades procesales del recurso contencioso-administrativo de lesividad tras la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello a la luz de la jurisprudencia más actual sobre el tema.