La política urbanística de los Poderes Públicos (que se ha llegado a definir como una "fábrica de desigualdades" o una "lotería") no puede hacerse de espaldas y a las expensas de los ciudadanos. Se trata de un principio elemental que resulta ineludible en un Estado de Derecho y que encuentra una de sus principales manifestaciones en los sistemas de equitativa distribución de los beneficios y cargas de la ordenación urbanística. Existen, sin embargo, muchas maneras de interpretar dicho principio y, por consiguiente, muchas opciones a la hora de plasmar sus exigencias en textos jurídicos y de aplicarlo. La postura respectiva del legislador, del juez y de la Administración dependerá, en última instancia, de la concepción que el primero tenga de ese derecho tan íntimamente ligado a la libertad que es la propiedad. Los autores se acercan a esta problemática a través de un detallado y riguroso estudio de los supuestos en los que la Administración (en principio la municipal) adquiere un deber indemnizatorio dirigido a compensar los daños y sacrificios que provoca a los particulares (propietarios, promotores, constructores, etc.), bien como consecuencia de una actividad deliberadamente dirigida a producirlos para lograr fines de interés público, bien como resultado incidental de una actuación con otro objeto o de una omisión de sus servicios. Una lectura rápida de las recopilaciones jurisprudenciales basta para percatarse de que dicha cuestión presenta una conflictividad muy abundante y extremadamente compleja. La presente obra, por tanto, constituye una herramienta imprescindible para todos aquellos que, en algún momento de su vida académica o profesional, tengan que enfrentarse a su análisis.