Con la expresión «protección de la legalidad urbanística» la doctrina española, la jurisprudencia de los tribunales e, inclusive, la propia normativa dictada al efecto se viene refiriendo al conjunto de medidas de reacción previstas por el ordenamiento jurídico que se dirigen al restablecimiento del orden urbanístico vulnerado, la sanción por dichas actuaciones a los responsables de las mismas, y, en su caso, la reposición de la realidad física alterada como consecuencia de dichas actuaciones.
El objeto del presente estudio se refiere precisamente al análisis del ejercicio de estas potestades, de la problemática que plantea su exigencia, de los plazos que condicionan la reacción pública y privada frente a éstas, de sus efectos y de la problemática jurisprudencial que plantean. Y tiene un objetivo último que no es otro, sino, junto a indagar en las distintas soluciones normativas que hoy nos ofrece el amplio panorama de las distintas legislaciones urbanísticas autonómicas, valorar éstas y realizar distintas propuestas en orden a ayudar a evitar su reiterado incumplimiento.
El análisis realizado muestra cómo la normativa autonómica, en esencia, y si salvamos algunas excepciones, no ha hecho sino abundar en la adopción de medidas caracterizadas por su afán represor y en el incremento de los supuestos en que es preceptiva ía petición de licencia -con los sucesivos impuestos y tasas que ello requiere junto al coste de los proyectos- lo que seguramente no aportará, al menos a medio plazo y hasta tanto se adquiere la cultura urbanística necesaria para dar una definitiva solución al problema, los resultados apetecidos. La pregunta en torno a si éstas son suficientes, por tanto, sigue latente, como, por ello, sigue siendo oportuno preguntarnos si, en forma complementaria, habría de incidirse en otras líneas de actuación para dar respuesta a una problemática que, como reiteradamente ponen los medios de comunicación social de relieve, sigue sin ser atajada.