El suelo, incluso el suelo urbanístico, ha dejado de ser un elemento prácticamente exclusivo del derecho urbanístico para pasar a conformar, junto con el aire y el agua, el conjunto de recursos naturales esenciales para la vida del hombre y, por tanto, para el derecho medioambiental. La última y más reciente legislación estatal urbanística, Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, reconoce finalmente sin ambages tal condición y propicia el ensamblaje de dos disciplinas, la urbanística y la ambiental, que durante mucho tiempo han discurrido por caminos diferentes. La obra Urbanismo ambiental y evaluación ambiental estratégica comenta las novedades que la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, comporta desde esta perspectiva y defiende con convicción, de forma teórica y práctica, un urbanismo ambientalizado adentrándose en la difícil pero necesaria función de dotar de contenido cierto al desarrollo urbanístico sostenible, -a partir del análisis de la legislación estatal, catalana y la de otras comunidades autónomas- y en el análisis de la evaluación ambiental estratégica de los Planes y programas, último de los retos que en materia de protección medioambiental y, especialmente, en materia de protección del suelo y de desarrollo urbanístico sostenible, ha impuesto la Comunidad Europea a todos sus Estados Miembros. Esta compleja y novedosa técnica de evaluación ambiental, efectiva desde el pasado julio de 2004, ha obligado a todos los Estados Miembros a acomodar su normativa interna y a crear nuevos órganos administrativos para ejercer las funciones de evaluación y control que la legislación les impone. En España la nueva técnica ha sido adoptada a través de la Ley 9/2006 de 29 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, legislación básica en sus títulos I y II que deberá verse desarrollada por las legislaciones de las Comunidades Autónomas. En la obra Urbanismo Ambiental Y Evaluación Ambiental Estratégica la autora aborda el análisis de la normativa tanto comunitaria como estatal, realizando una pormenorizada exégesis práctica y crítica de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y de la Ley estatal 9/2006, aportando puntos de vista que pueden ser interesantes para futuros desarrollos legislativos y reglamentarios y, en definitiva, procurando a los técnicos y agentes jurídicos instrumentos y bases para aplicar con mayor seguridad y acierto los trámites del complejo proceso de evaluación ambiental estratégica al que deberán someterse los planes y programas que desarrollen las Administraciones Públicas y los particulares. "