La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regula en sus arts. 35 h) y 37 el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, una regulación parca e insuficiente que afecta a un derecho trascendental considerado tradicionalmente como presupuesto necesario para el ejercicio de multitud de pretensiones, tal como demuestra un examen detenido de su contenido. La presente obra analiza el procedimiento para hacer efectivo este derecho ofreciendo consejos útiles a los profesionales del Derecho, sin olvidar la reciente Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
En la presente obra, se examinan los aspectos esenciales, estudiando detenidamente las condiciones de ejercicio de este derecho así como la tutela y garantías que lo rodean a la luz de la jurisprudencia más reciente.