Esta obra sobre el funcionamiento del arbitraje explica porqué éste no es excepcional ni inferior al Poder Judicial, aunque debe conservar ciertas propiedades que lo caracterizaron en su origen y que lo diferencian en su funcionamiento, particularmente la flexibilidad en la valoración de las pruebas y en el método de razonamiento jurídico, pero sin faltar rigurosidad científica. Se aclara que su flexibilidad intrínseca no hace al arbitraje inaceptable para resolver cuestiones que involucren al orden público.

Es una de las primeras obras que propone con profundidad científica la aceptación del arbitraje contencioso-administrativo para anular actos administrativos del Poder Ejecutivo en Latino América, por lo cual generará interés y debate sobre el tema.

La obra analiza la funcionalidad operativa y práctica (aunque no exegética) del arbitraje sentando lineamientos traspolables a todas las jurisdicciones de Derecho Civil, contribuyendo a otorgar verdadera autonomía científica al arbitraje y sembrando las bases para el planteamiento de una aún incipiente teoría general e integral del arbitraje. La obra se contextualiza y hace referencia principal -aunque no solamente- al Derecho venezolano. Sin embargo, al ser una de sus premisas fundamentales que el arbitraje debe apoyarse en aproximaciones no positivistas sino iusnaturalistas e historicistas para el razonamiento jurídico, sus conclusiones deben considerarse vigentes con verdadera observancia transnacional.