El uso de cámaras de vigilancia en lugares públicos para prevenir la delincuencia es un fenómeno en expansión en nuestro país, al igual que en otros países de nuestro entorno.

Su generalizada implantación, sin embargo, plantea numerosos interrogantes en relación con los derechos individuales afectados y con la eficacia de sus prestaciones. El presente estudio realiza un análisis crítico de la regulación existente sobre su instalación y empleo. A continuación, expone los resultados del primer estudio empírico riguroso llevado a cabo en España sobre sus reales efectos en la prevención de la delincuencia y en los sentimientos de seguridad de la población. Las conclusiones obtenidas moderan significativamente las expectativas puestas en estos instrumentos técnicos.