Los artículos 1322, 1377 y 1378 del Código Civil son normas que, tras la claridad de su tenor literal, encierran diversas cuestiones, tanto desde un punto de vista teórico como desde una perspectiva práctica. Así, desde el primer enfoque resulta extraña la consagración de una acción, la anulabilidad para los actos dispositivos a título oneroso sobre bienes gananciales realizados por un cónyuge sin el consentimiento del otro, que vulnera principios básicos de nuestro Derecho Patrimonial: del sistema español de transmisión de dominio, del derecho de obligaciones y de la construcción doctrinal y legal de dicha forma de ineficacia de los contratos. Y desde el segundo punto de vista, la situación del cónyuge cuyo consentimiento se omitió y la del tercero comprador implican diversos problemas cuya trascendencia práctica es indudable: respecto del esposo, la posibilidad de apreciar un consentimiento tácito, y las consecuencias en orden a la sujeción de uno u otro tipo de bienes a la correspondiente responsabilidad si el mismo es prestado, así como la necesidad o no de ejercitar la oportuna acción de impugnación para destruir el acto dispositivo llevado a cabo sin su consentimiento y el consiguiente régimen de la acción, son cuestiones con gran repercusión en el enjuiciamiento de los concretos actos dispositivos a examinar; y en cuanto al tercero adquirente, es obvia la importancia de la determinación del cauce por el que el mismo pueda obtener una indemnización del cónyuge disponente, si el esposo de éste ejercita la acción dispuesta en el artículo 1322 y se anula el contrato, así como de los remedios a su alcance para evitar la situación de incertidumbre acerca de su adquisición mientras transcurre el largo plazo de ejercicio de la acción de anulabilidad establecido en el artículo 1301. Todos éstos son temas sobre los que se encuentran escasos pronunciamientos en la jurisprudencia, que suele operar de forma casi automática.