Es bien sabido que, por su propia dinámica, cualquier sociedad genera desigualdades en su seno. Como también es conocida la incapacidad del Estado liberal para ponerle término a esa situación, no obstante sustentarse en el principio de igualdad ante la ley o precisamente por eso, sería mejor decir. Pues no es dudoso que el mismo, lejos de haberse revelado útil para reducir las diferencias entre la ciudadanía, ha contribuido a incrementarlas. Tanto es así que no es casual la coincidente aparición en el tiempo de las críticas dirigidas hacia la aplicación de la igualdad ante !a ley, por generadora de desigualdades, y de las primeras especulaciones doctrinales sobre la conveniencia de mitigarlas en aras de la paz social.