Fruto de la tramitación parlamentaria del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, la nueva Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral pretende dotar de un marco jurídico estable y seguro las relaciones laborales en España.

Las diferencias con la norma de urgencia son notables: mayor sometimiento de las ETT a la normativa de las agencias privadas de colocación cuando asumen el doble rol; retoques en el polémico contrato indefinido de apoyo a los emprendedores y el contrato para la formación y el aprendizaje; ajustes en las bonificaciones e incentivos por transformaciones contractuales; clarificación de la regla sobre suspensión temporal del encadenamiento de contratos temporales (art. 15.5 ET); flexibilización del permiso para la formación; potenciación de la conciliación entre vida familiar y laboral; incremento del porcentaje de jornada irregular en defecto de pacto; acotación de la ultraactividad; incondicionalidad de la supremacía del convenio de empresa; matizaciones al procedimiento de descuelgue; racionalización de la responsabilidad del FOGASA; potenciación del papel de la Autoridad Laboral en los despidos colectivos; reformulación de las causas de despido objetivo y colectivo; regulación de la fiscalidad en indemnizaciones por despido; previsión de diversos derechos para las víctimas de violencia terrorista...

Esas innovaciones se adicionan al imponente contenido del propio Real Decreto-Ley, siendo obligado afrontar el estudio de forma integrada. De este modo, lo más llamativo (indemnización por despido improcedente de 33 días, supresión de la autorización administrativa en los EREs) resulta casi anecdótico si se repara en el régimen jurídico resultante de la Ley: contrato de fomento para PYMES ("emprendedores"), posibilidades abiertas a la negociación, fórmulas que flexibilizan los procesos de toma de decisiones en materias capitales, descuelgues (también en tiempo y sistema de trabajo, funciones, mejoras voluntarias), reformulación de las causas económicas (trimestres de disminución de ingresos ordinarios), despidos colectivos en el sector público, práctica desaparición de los salarios de tramitación, fortalecimiento de los convenios de empresa, ultraactividad limitada, permiso retribuido para la formación, privatización en intermediación o formación ocupacional, innovaciones procesales concordantes, etc.

Este libro pretende ofrecer al lector interesado (Directores de Recursos Humanos, Abogados laboralistas, Graduados Sociales) un estudio de la nueva normativa laboral, incluyendo criterios y pautas para la comprensión de una norma de enorme trascendencia social y económica.

Su título es consecuente con un esfuerzo expositivo de carácter técnico, comprometido desde esa estricta óptica.