La presencia de personas inmigrantes extranjeras en España es una realidad social evidente. Asimismo, no se ha de obviar que el flujo de llegada de personas nacionales de terceros Estados que escogen ser inmigrantes en España ha decaído. Como también lo es el hecho del retorno a sus países de origen o la emigración a otros Estados en busca de más y mejores oportunidades.
La negativa situación económica y del mercado de trabajo español son los pilares esenciales sobre los que se asienta esta circunstancia, junto a las políticas jurídicas puestas en marcha derivadas de la misma, que, ilógicamente, han afectado de un modo directo a los derechos humanos fundamentales de estas personas extranjeras inmigrantes. Baste como ejemplo ilustrativo, en relación al derecho a la asistencia sanitaria, el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Por su parte, estas políticas, han experimentado claros avances y retrocesos en forma de mayor o menor apertura de fronteras ?en concordancia con la Unión Europea? y ofrecimiento de posibilidades de integración social a través de la regulación, más o menos restrictiva, según el momento, de derechos; o bien configurando legalmente los mismos ?o nuevos? bajo los criterios de necesi¬dad y mercan-tilización atendiendo a la austeridad y al ahorro presupuestario.
Desde este premisa, en el marco de una inmigración económico-laboral, la finalidad básica perseguida con la realización de este trabajo de investigación es la exposición, manifestación y análisis de las oscilaciones y variaciones que ha sufrido tanto la ordenación jurídica 1, como el modelo derivado de política jurídica nacional de reconocimiento en forma de titularidad, ejercicio y garantías del conjunto de derechos sociales fundamentales de las personas inmigrantes extranjeras en España.
A tal fin, es necesario también acotar el espacio temporal. España, durante bastantes años del siglo XX ha sido país de emigración, hasta llegar a ser país de inmigración a finales del mismo. En esta última conformación, han sido constantes las referencias jurídico-legales, políticas y doctrinales al fenómeno de la inmigración extranjera. Frente a la implícita coyunturalidad que conlleva este término, explícitamente no se ha de considerar tal desde finales del siglo pasado 2. Así lo demuestra el hecho de que la extranjería e inmigración han estado ?y están? presentes en el centro del debate político 3, social, jurídico y económico desde, aproximadamente, mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, con la primera ley reguladora de la misma en España ?Ley Orgánica 7/1985?, hasta la actualidad, las novedades introducidas por las últimas reformas de conjunto en esta materia ?Ley Orgánica 2/2009, de reforma de la vigente Ley Orgánica 4/2000? o las puntuales que progresivamente se van produciendo e introduciendo debido a la transversalidad del objeto de estudio. Obviamente, sin descartar las perspectivas de futuro que se atisban en un horizonte próximo a raíz de planes de acción política y decisiones político-jurídicas tomadas en las últimas fechas, tanto a nivel comunitario como nacional, algunas de las cuales ya se han ido introduciendo progresivamente y que, por tanto, han encontrado refrendo en la legislación española. Paradigmático, al respecto, es la supresión, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, del Fondo para la Integración de las Personas Inmigrantes; la reforma introducida por el citado Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril; o la aprobación de la Directiva de Permiso Único de Residencia y Trabajo.