La Ley de Enjuiciamiento Civil ofrece a las partes numerosas herramientas para garantizar el cumplimiento íntegro de las resoluciones judiciales, principalmente mediante el proceso de ejecución que, a su vez, constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. De este modo, se abre la posibilidad de ejecución provisional de sentencias y se establece la regla general de prohibición de suspensión del proceso de ejecución de resoluciones, ya sean definitivas o firmes.

Sin embargo, aun habiéndose reconocido el arbitraje como un equivalente jurisdiccional y siendo el laudo una resolución firme de la que se derivan los mismos efectos de ejecutividad y cosa juzgada, su ejecución no recibe el mismo tratamiento que la sentencia. La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, se remite a las normas generales de ejecución para la ejecución del laudo si bien introduce una única excepción, cual es la posibilidad del ejecutado de suspender el proceso de ejecución cuando contra el laudo se hubiera instado la acción de anulación.

Esta prerrogativa, que se reconoce al ejecutado tan solo cuando la ejecución se deriva de un procedimiento arbitral, sitúa el laudo como un título ejecutivo de peor condición que la sentencia y debilita injustificadamente la eficacia del arbitraje.

Mediante el presente trabajo se analizan las distintas cuestiones que pudieran justificar un tratamiento distinto de títulos ejecutivos iguales, tales como la naturaleza jurídica y los efectos del laudo, la naturaleza de la acción de anulación del artículo 40 LA, el proceso de ejecución del laudo y, esencialmente, la excepcional posibilidad de suspensión de la ejecución. Mediante el análisis y la denuncia de estas circunstancias se realiza una sólida defensa del arbitraje como método alternativo a la resolución de conflictos.