En esta presentación se destaca el valor y gran interés que estas secciones monotemáticas, incluidas bajo la rúbrica Al Detalle, poseen, lo que reside en su capacidad para ofrecer al lector el punto de vista de nuestros Tribunales en la interpretación y aplicación de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la recopilación de una cuidada selección de resoluciones judiciales que aportan soluciones a problemas jurídicos y permiten conocer el criterio de quienes están llamados a resolver los litigios que surjan entre los particulares y las Administraciones, o entre estas últimas entre sí.

Este tercer ejemplar de Jurisprudencia Al Detalle aborda una de las cuestiones clave del procedimiento administrativo, de indudable trascendencia práctica tanto para las Administraciones Públicas, obligadas a producir sus actos con pleno respeto al ordenamiento jurídico, como para los administrados, quienes a través de los supuestos de nulidad y anulabilidad pueden combatir la eficacia y presunción de validez de la que gozan los actos administrativos y que se consagra en el art. 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPyPAC), al señalar que ?Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten??.

Con el afán de permitir la más sencilla consulta y resolución de las dudas que pudieran surgir en el ámbito de las causas y efectos invalidantes de las actuaciones de las Administraciones Públicas, esta parte se desarrolla respetando al máximo la estructura de su regulación legal, contenida, básicamente, en los arts. 62 a 67 LRJAPyPAC, y desgranando cada uno de los apartados que componen dichos preceptos.

Así, el Cuaderno ofrece una división entre las dos grandes categorías de invalidez en las que pueden estar incursos los actos administrativos, la nulidad de pleno derecho (también llamada nulidad ?radical? o ?absoluta?) y la anulabilidad. Se proporcionan resoluciones, en muchas de las ocasiones dictadas por la Sala Tercera de nuestro Tribunal Supremo, de cuya lectura conseguiremos conocer con absoluta claridad las diferencias entre ambas categorías reseñadas, así como la gran heterogeneidad existente entre los efectos de una y otra, sin faltar, por supuesto, pronunciamientos judiciales que expliquen por qué un acto administrativo debe reputarse como nulo de pleno derecho y no meramente anulable, y viceversa, así como por qué en otras ocasiones, pese a la existencia de algún vicio en la producción del acto, éste no debe dar lugar a ninguna declaración de nulidad.