La polémica doctrinal inicial que generó la introducción de la ley orgánica en nuestro ordenamiento ha evolucionado hasta una relativa indiferencia por los problemas que plantea esta categoría normativa. Sin embargo, no es un tema que pueda darse hoy por zanjado, puesto que tratar con parámetros jurídicos comunes, como ha
venido haciendo la jurisprudencia constitucional, tipos normativos muy distintos, que sólo comparten un nomen, sigue desencadenando consecuencias perturbadoras para el ordenamiento y el sistema de fuentes. Porque, de hecho, no existe en nuestro ordenamiento una única categoría de ley orgánica que permita, sobre la base de unos
mismos criterios, dar una explicación conjunta a los problemas que se producen en cada uno de los distintos ámbitos por ella regulados. Y esta falta de unicidad impone una delimitación casuística de las materias reservadas a cada tipo de ley orgánica desde una nueva perspectiva: la de la función específica (formal y material) que cada una de ellas cumple en el sistema. Y lo mismo sucede al examinar su posición interordinamental: la idea de reserva va aparejada a aquel nuevo principio estructural –el de la función constitucional- que, en sentido estricto, no proviene ni de la lógica jerárquica ni de la lógica competencial; lo que a la postre lleva a dotar a cada tipo de ley orgánica (“de desarrollo constitucional”, “de concreción constitucional” y “de integración-expansión constitucional”) de una posición en el sistema de fuentes distinta a la de los demás.