La Administración que se encarga de las tareas sociales del Estado (seguridad social, asistencia sanitaria y a personas dependientes, cultura y deporte, consumidores y usuarios, etc.) tiene sus características propias. Es éste un ámbito extenso en el que hoy tiene carácter definitorio la competencia administrativa de articular la colaboración entre el Estado y la sociedad. En sectores importantes, además, la actuación administrativa social no puede ser dirigida por normas materiales de tipo condicional —¿cómo podría regularse en una regla de Derecho el consejo que debe darse a un drogodependiente que acude a los servicios sociales?—, sino que el Derecho dirige a la Administración regulando sólo la organización y el procedimiento. Esa organización y ese procedimiento son en el Estado social prestador, por otra parte, los cauces a través de los cuales se hacen valer los derechos fundamentales de los destinatarios de unas prestaciones que se ofrecen en relaciones marcadas, en muchas ocasiones, por su «alta intensidad personal».    
El análisis de estas cuestiones, junto con el próposito expreso de hacer del Derecho administrativo social un «sector de referencia» para la construcción sistemática de la parte general del Derecho administrativo, constituyen el objeto de esta obra.