Uno de los clásicos temas del procesalismo es el de la relación entre el juez y la prueba. En la actualidad suele ser frecuente la iniciativa probatoria del juez con argumentos históricos, indicando que ello ya se deduce del conocido brocado iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium. En esta obra se demuestra documentalmente el error en el que incurre la mayoría de la doctrina y jurisprudencia al formular dicho brocardo, pues sobre el mismo se producen dos indebidas modificaciones: por un lado, se añade el término "partium" o " a partibus", y por otro se silencia la expresión "et non secundum conscientiam". Con ello se cambia su verdadera finalidad, a saber, impedir toda eficacia al conocimiento privado del juez sobre los hechos litigiosos, esto es, asegurar que su sentencia no tomará en consideración hechos no alegados o hechos que, aún siendo alegados y discutidos, no han sido probados

La errónea formulación del brocardo ha venido a plasmarse en el art. 216 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, al establecer que: "Los tribunales civiles decidirán los asuntos de virtud de las aportaciones de hechos y pruebas de las partes". De esta manera, el presente estudio entronca el pasado con el presente, en el que se la mano de los doctores del ius comune llegamos a la Ley 1/2000, cuyo art. 216 se perfila como un claro ejemplo de cómo la historia- inexactamente recibida- influye en la vigente regulación.

Se trata de la última aportación doctrinal del Dr. Joan Picó I Junoy, Catedrático de Derecho Procesal de la UPV, cuyas investigaciones en materia probatoria han sido publicadas en distintas monografías y en las revistas de Derecho Procesal más relevantes, tanto a nivel internacional ( como la Zeitschrift für Zivilprozeb Internacional, la Revista di Diritto Processuales, La Revista de Processo, o la "Revista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal "), como españolas ( así "Justicia", "Revista del Poder Judicial", "Revista General del Derecho Procesal", "La Ley", entre otras).