A partir de Ley 3/2012, las empresas que pretendan llevar a cabo en nuestro país despidos colectivos que afecten a más de cincuenta trabajadores, quedan obligadas a presentar un plan de recolocación externa que haya sido elaborado por una empresa debidamente autorizada. De esta forma, se establecen las bases para la conformación de un nuevo sector en torno a la prestación de servicios de recolocación, en el que operan múltiples agentes privados.

Es amplio el potencial que estos servicios pueden llegar a desarrollar en nuestro país, en su dimensión preventiva de situaciones de desempleo, contribuyendo activamente a la transición laboral de los trabajadores, en un contexto en el que las reestructuraciones empresariales han llegado a convertirse en un elemento normalizado de gestión empresarial. Por ello nos parece necesario reflexionar acerca del alcance real y las características que en la práctica están rodeando a esta nueva figura del plan de recolocación externa, a efectos de determinar si realmente está consiguiendo el propósito de convertirse en un instrumento de garantía adicional para los trabajadores afectados por estos procesos, o si por el contrario, puede quedar desvirtuada la propia finalidad que ha orientado su regulación, revelando con ello la necesidad de que sean adoptadas las modificaciones normativas que resulten necesarias a fin de evitar esta situación.