La estrecha relación existente entre el crecimiento económico y la eficacia del sistema judicial es continuamente destacada por las más relevantes organizaciones económicas internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos o el Banco Central Europeo.

El sistema judicial debe ser pues eficaz, esto es, intentar obtener la respuesta más acertada en el mínimo tiempo posible. Pero, como servicio público que es, la justicia no sólo debe ser eficaz, sino también eficiente, es decir, capaz de conseguir sus fines con la máxima optimización de recursos, y a la vez transparente, generando la máxima confianza posible entre todos los stakeholders, sean ciudadanos, empresas e instituciones nacionales o potenciales inversores extranjeros.

En España, se han dedicado numerosos estudios a analizar la eficacia de la justicia como garante de los derechos subjetivos. Sin embargo el análisis de sus niveles de eficiencia económica y transparencia son prácticamente vírgenes en nuestra literatura científica, seguramente habida cuenta del carácter interdisciplinar de la materia, y ello pese a que son ya muy numerosos los datos estadísticos publicados tanto a nivel español, principalmente por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, como especialmente europeo, por obra de los informes de la Commission Européenne pour l?Efficacité de la Justice.

En el presente trabajo se abordan dichas cuestiones prestando especial atención a la situación española en el contexto europeo. Se destacan así los reducidos coeficientes de determinación en las correlaciones entre presupuesto per capita asignado y duración de los procesos judiciales o confianza ciudadana en el sistema judicial.

Con los últimos datos disponibles a efectos comparativos (2012), la justicia española con un presupuesto de 80,92 euros anuales per capita, superior por tanto a los 60,22 de media europea, obtuvo una disposition time, o duración promedio de la tramitación de asuntos no penales en primera instancia, de 260 días, superior a la media europea de 238, situándose empero en la vigésimotercera posición de los veintiocho países de la UE en el índice de confianza ciudadana en el propio sistema judicial.

Del análisis de los datos se concluye pues que el principal problema de la justicia española no es tanto de recursos, como de deficiente organización, a cuyo fin, en el último capítulo del trabajo se articulan diversas propuestas de medidas concretas, algunas seguramente muy polémicas, para intentar mejorar los niveles de eficiencia y transparencia del sistema judicial español.