La asistencia sanitaria pública de los españoles ha sido objeto de enormes transformaciones en épocas recientes, no sólo en cuanto a su contenido sino, sobre todo, en relación con su gestión.

Una parte sustancial de su contenido queda adscrita a su expresión farmacéutica, aspecto de indubitada trascendencia en múltiples ámbitos por el alto coste que para los diversos entes públicos supone hacer frente a una factura farmacéutica en continuo crecimiento. Por ese motivo, la Administración ha acometido en los últimos años una serie de medidas –entre otras, los denominados “medicamentazos” o el sistema de precios de referencia asociado al fomento de los genéricos– ordenadas a un doble fin, procurar un uso racional de los medicamentos y reducir la parte financiada públicamente; sin embargo, la incidencia de otros actores parece dificultar tan ansiado logro: la industria, los profesionales médicos, los farmacéuticos dispensadores y los beneficiarios.

Una vez analizado el régimen legal de la prestación y detectados sus problemas, este libro propone soluciones concretas como replantear el listado de medicamentos subvencionados para atender con mayor celo a colectivos –normalmente minoritarios– ciertamente perjudicados; alterar los actuales porcentajes de participación en el pago para evitar el fraude; implantar el sistema de precios de referencia para todos los principios activos; liberalizar el precio de las especialidades o potenciar y favorecer a los profesionales médicos y farmacéuticos para permitirles disfrutar de unas condiciones laborales y económicas adecuadas y, al tiempo, asegurar una atención de la salud óptima sin necesidad de derrochar recursos aleatoriamente.

Finalmente, el estudio aborda las posibles reclamaciones que pudieran surgir en la materia; así, analiza tanto el reintegro de gastos por la asistencia sanitaria obtenida en medios privados como las posibles sanciones administrativas o penales e indemnizaciones civiles que pudieran derivar tanto de productos defectuosos como de los reprobables comportamientos cometidos no sólo por los profesionales sanitarios, sino también por los laboratorios, la Administración o el propio beneficiario.