El proceso de integración comunitaria europea ha significado para los particulares un incremento de derechos en muchas y muy variadas materias. De poco serviría, sin embargo, el reconocimiento de esos derechos sin la posibilidad de que fuesen defendidos ante los tribunales nacionales. Entre los principales mecanismos establecidos para lograr una protección efectiva, se encuentra el principio de responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario, objeto de análisis de este trabajo. Su consagración ha supuesto un paso fundamental en relación a la garantía de estos derechos, al imponerse a los Estados miembros la obligación de indemnizar a los particulares cuando un incumplimiento del Derecho Comunitario, que les resulta imputable, les ha causado un daño.