El objetivo de esta monografía es analizar los distintos elementos que configuran el régimen de responsabilidad patrimonial de los poderes públicos por infracción del derecho comunitario con el fin de determinar si la definición del principio que ha hecho el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas responde realmente a la voluntad tutelar de forma efectiva los derechos subjetivos de naturaleza comunitaria que se deriven a favor de los particulares. A partir de un estudio eminentemente jurisprudencial, la obra analiza los orígenes del principio, las condiciones sustantivas exigidas para que sea de aplicación el nuevo régimen de responsabilidad y los problemas que plantea su aplicación en los ordenamientos internos de los Estados miembros.