Colección Ediciones El Cronista

En un Estado de derecho es inconcebible que el Juez Constitucional, quien debería garantizar la supremacía de la Constitución y sus valores, pueda llegar a ser el instrumento para al contrario, garantizar la violación impune de la Constitución por los otros órganos del Estado, para asegurar la destrucción del Estado de derecho o el desmantelamiento de la democracia, o incluso para convertirse en el instrumento para implementar y sostener un régimen autoritario.

Y ello es precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela, tal y como se analiza con todo detalle en esta obra de profesor Allan R. Brewer-Carias sobre Dictadura judicial y perversión del Estado de derecho. La Sala Constitucional y la destrucción de la democracia en Venezuela, donde estudia en particular lo ocurrido durante los primeros meses de 2016 luego del triunfo de la oposición política en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, tiempo durante el cual, en particular, el Juez Constitucional asumió la misión de impedir que la representación popular encarnada en la nueva Asamblea Nacional pudiera ejercer sus funciones constitucionales. Y así, sucesivamente mediante sentencias “constitucionales,” fue impidiéndole incluso hasta ejercer su poder de legislar sin el visto bueno previo del Poder Ejecutivo; despojándola de sus poderes de control político sobre el gobierno y la Administración Pública; impidiéndole revisar sus propios actos, e incluso condenando y prohibiendo a la Asamblea el poder manifestar públicamente su voluntad política mediante acuerdos.

Ello ha sido obra de un Juez Constitucional sometido al control político por parte del Poder Ejecutivo, que ha convertido a Sala Constitucional del Tribunal Supremo en el agente más artero al servicio del autoritarismo, distorsionando la propia Jurisdicción Constitucional que ha quedado convertida en el principal instrumento para destruir la democracia, dando origen a un perverso sistema de dictadura judicial, que funciona en el marco de la fachada de un “Estado de derecho,” ahora ya totalmente vacío de contenido democrático.

El contenido de este libro, sin duda puede considerarse como el mejor soporte a lo expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, en el Informe sobre las “alteraciones graves del orden constitucional y democrático” que experimenta Venezuela, presentado y considerado por el Consejo Permanente de la misma con el respaldo de la gran mayoría de los países del Continente en la sesión del 23 de junio de 2016, en el cual constató que en Venezuela existe “un Gobierno que ya no es democrático,” destacando el “esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para impedir e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional:” y el empleo repetido por parte del Ejecutivo de “intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la connivencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,” lo que “demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial,” siendo ello “uno de los casos más claros de cooptación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo,” con un Tribunal Supremo cuya integración está “completamente viciada tanto en el procedimiento de designación como por la parcialidad política de prácticamente todos sus integrantes.”