La obra contiene un estudio sistemático y actual de la jurisprudencia del Tribunal constitucional en materia local donde se aprecia cómo, en los últimos años, asistimos a un estancamiento en cuanto a la optimización del principio de autonomía local.

La obra contiene una propuesta de reforma constitucional del principio de autonomía local que articula la descentralización territorial del Estado en el nivel local. En el estudio se aprecia el alto grado de desarrollo dogmático del citado principio por parte de la doctrina científica, que no se corresponde con la evolución de la jurisprudencia constitucional. La obra contiene un estudio sistemático y actual de la jurisprudencia del Tribunal constitucional en materia local donde se aprecia cómo, en los últimos años, asistimos a un estancamiento en cuanto a la optimización del principio de autonomía local. El principio de autonomía local como concepto jurídico indeterminado precisa de un desarrollo mínimo en el propio texto constitucional. Se trata de ofrecer un Estatuto constitucional de los entes locales para la futura reforma del Título VIII de la Constitución española, que obviamente no debe limitarse a reformar el sistema de descentralización territorial del Estado en el nivel regional o autonómico, sino que debe ir dirigida a profundizar el modelo federal también en el escalón local. En clave federal se deberá asimismo simplificar el orden constitucional de distribución de competencias de los entes locales, lo que conlleva la defunción del carácter bifronte del régimen local y la interiorización autonómica del mismo. Un ejemplo de la necesidad de la reforma constitucional en materia local se aprecia al analizar la reforma que introdujo la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como la evolución de la jurisprudencia constitucional en esta materia, que ha puesto de manifiesto la débil posición de los Estatutos de Autonomía en el sistema de fuentes. En efecto, en la actualidad la ley básica estatal de régimen local constituye canon de control de constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía desde la STC 31/2010, que enjuició la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña.