La Universidad pública presta sus servicios en un turbulento y cotidiano escenario de alta exigencia técnica y jurídica. De tal modo, los equipos rectorales, los miembros de sus órganos de gobierno y los diferentes responsables universitarios deben contar con políticas e instrumentos que les aporten seguridad jurídica, obteniendo al tiempo ventajas competitivas en el desarrollo de su estrategia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos.

En este marco, se presenta un Modelo de Universidad Pública basada en el funcionamiento sistematizado de sus funciones de Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo (GRC).

Se estudian los elementos nucleares de cada función para, acto seguido, desplegar el Modelo en la práctica junto con sus herramientas esenciales. Respecto a la Gobernanza Universitaria se examinan las transformaciones necesarias en los órganos de gobierno, las políticas académicas, las posibilidades e injerencias a la autonomía universitaria, corrupción y conflictos de interés. También la transparencia, tecnología, ciberseguridad, así como las posibilidades del Big Data y del Data Science en la Universidad. En cuanto a la Gestión de Riesgos, se aborda su modelización asumiendo los principales postulados de las referencias internacionales, ("Coso Framework", "Modelo de tres líneas de defensa del IAI", "ISSAIs o la Metodología Auditora del Tribunal Europeo de Cuentas"). Con tal base, se articula el enfoque de riesgos en la Universidad y se determinan los requerimientos de una función de control interno universitario optimizada para los desafíos presentes y futuros.
En relación con la función de Cumplimiento o Compliance universitaria, se plantea su necesidad para pasar de una estática observancia del principio de legalidad a una política de cumplimiento normativo proactiva y generadora de valor y seguridad jurídica. Con especial referencia a la contratación pública, se formulan puntos de control ante sus principales incumplimientos, así como un Sistema de Red Flags para la prevención y detección del fraude en la Contratación Pública basado en directrices europeas.