La transposición de la Directiva 2014/17/UE se ha hecho efectiva en España mediante la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. En esta obra analizamos cómo se pretende potenciar la seguridad jurídica, la transparencia, la comprensión de los contratos y de las cláusulas que los componen, así como el justo equilibrio entre las partes.

La adquisición de su residencia habitual por las familias se erige, tanto desde un punto de vista personal como financiero, en una decisión de vital trascendencia. A la adquisición de la propiedad se anudan con cierta frecuencia el recurso a financiación ajena, generalmente concedida por una entidad de crédito, y la constitución de una garantía hipotecaria. Por esta razón, esta compleja trama de relaciones se ordena por normas administrativas, fiscales, prudenciales, de protección del consumidor, procesales…

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, por la que se transpone —con tres años de retraso— la Directiva 2014/17/UE, pretende que el mercado hipotecario español vuelva a una situación de normalidad, tras estos convulsos años.

Para ello, esta Ley trata de potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y la comprensión de los contratos y sus cláusulas, así como el justo equilibrio entre las partes, en beneficio, ante todo, de los prestatarios, pero también de las entidades prestamistas, pues ninguna sociedad avanzada puede permitirse el lujo de no disponer de un sólido sistema de crédito hipotecario que satisfaga la necesidad de vivienda de los ciudadanos y que impulse la economía.

Esta obra trata llevar a cabo un primer análisis de una Ley de extraordinaria importancia y, sin duda, resultará de especial interés para quienes estén relacionados con el mercado hipotecario: operadores jurídicos, profesionales del sector bancario, académicos e investigadores de las áreas jurídica y económica, así como para los instructores en los programas de educación financiera.