Colección: Animales y Derecho

Hasta el Real Decreto Legislativo 6/2015, al que se remiten la casi totalidad de las normas autonómicas dictadas en materia de caza, la responsabilidad de los accidentes de tráfico en los que intervenían animales cinegéticos (o animales de caza) recaía en los titulares de dichos aprovechamientos cinegéticos (o cotos de caza) y en los titulares de las vías públicas. Sin embargo, esta norma hace responsable al conductor de manera genérica y reduce notablemente el resto de supuestos.

El supuesto de daños derivados de accidentes de circulación en que intervienen animales cinegéticos es muy relevante debido al elevado número de siniestros de este tipo que se producen y al alto índice de litigiosidad en el sector. La regulación actual del supuesto se contiene en la DA 7ª del Real Decreto Legislativo 6/2015, al que se remiten la casi totalidad de las normas autonómicas dictadas en materia de caza. Esta norma hace responsable al conductor de manera genérica y reduce notablemente los supuestos en que hacen frente a la indemnización los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, los cuales hasta hace poco tiempo habían sido considerados por la ley como casi los únicos responsables de este tipo de supuestos; por último, los titulares de las vías públicas responden en caso de defectuosa señalización o por no reparación de vallado.

El statu quo normativo vigente es el resultado de una evolución normativa que trasplanta la regulación del supuesto desde el ámbito de la caza al del tráfico y que ha sido contestada desde los Tribunales en cada una de sus etapas procurando una interpretación de los sucesivos preceptos que recondujera a los titulares de aprovechamientos cinegéticos la imputación de la responsabilidad. Aunque el Tribunal Constitucional ha dictado dos resoluciones (SSTC 57/2018 y 112/2018) sobre diferentes aspectos de esta norma, no ha tenido ocasión de pronunciarse aún acerca de si la norma infringe la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos del artículo 9.3 CE. A ello se suma que todavía no hay mucha jurisprudencia dictada sobre casos a los que se aplique la regulación vigente, lo cual hace especialmente interesante este libro porque, no sólo explica la razón de ser de la norma vigente, sino que, además, proporciona líneas para su interpretación a los diferentes operadores jurídicos.

La autora, María Teresa Alonso Pérez, es Profesora Titular de Derecho civil (acreditada como Catedrática) en la Universidad de Zaragoza. Sus líneas de investigación giran en torno al Derecho Patrimonial. Concretamente ha trabajado sobre Derecho del Consumo, contratos de servicios, modernización del Derecho de obligaciones y contratos, vivienda y derechos reales. Los resultados de sus investigaciones se han publicado en monografías y artículos de revistas especializadas españolas y extranjeras. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, algunos de los cuales ha dirigido. Sus estancias de investigación en el extranjero se extienden a lo largo de toda su trayectoria [Institut Recherche Juridique de la Sorbonne, Institut de Droit Comparé en Lausana, Centre Droit de la Consommation en Louvain-La Neuve (Bélgica), European Centre of Tort and Insurance Law en Viena, etc.], impartiendo docencia regularmente como profesora invitada en el Máster de Droit Privé de la Université de Rouen en Francia. Es miembro del Foro de la Vivienda (órgano consultivo del Gobierno de Aragón) y participa en tribunales arbitrales en materia de consumo.