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Colección: Probática y Derecho probatorio

La vigente ley procesal civil provocó un cambio radical en la regulación de la prueba pericial, al despojar al juez de la facultad de control en la designación del perito para trasladarla a las partes litigantes que adquieren una auténtica carga procesal.


Esta monografía se ha centrado en analizar los aspectos más relevantes de la regulación del "Dictamen de peritos" de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, y cuáles han sido las consecuencias prácticas de su aplicación para todos los intervinientes en el proceso, tras el cambio que la regulación de este medio de prueba supuso con respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

El hilo conductor que ha vertebrado y ha dado continuidad a los tres capítulos de esta publicación, es la figura del perito judicial, entendido no sólo como a aquel profesional que tradicionalmente era designado por los tribunales de justicia, sino también aquél cuyo dictamen es aportado al proceso de forma privada por las partes litigantes.

La experiencia del autor como socio de un gabinete jurídico y pericial dedicado al estudio del grafismo y a la detección de alteraciones documentales (fundado por su padre Juan Francisco Orellana Gómez en el año 1961 y actualmente formado por su hermano Juan Francisco Orellana de Castro y por él mismo), le ha permitido intervenir como perito calígrafo en miles de asuntos judiciales. Además, sus conocimientos jurídicos como abogado, junto al desempeño de su cargo de presidente de la Asociación catalana de peritos judiciales y forenses colaboradores de la Administración de Justicia desde hace años, le han permitido adquirir un conocimiento profundo de la práctica forense, dándole la posibilidad de conocer el día a día de los tribunales, a veces tan alejado de la literalidad de la norma.